Acataré la ley de economía sostenible en la que entonces ministra de cultura del gobierno socialista añadió unas normas para regular como delito los enlaces a descargas de contenidos con copyright.
Como traspasa al poder judicial algo que hasta ahora era competencia ejecutiva, el ciudadano tendrá que asumir unas responsabilidades más, pido al gobierno que nos de a la ciudadanía unos derechos más a cambio.
Ante la evidente regulación le requiero ordenar los siguientes aspectos:
- Una red que facilite la obtención del material con copyright con seguridad, con libre disponibilidad, sin limitación de plataformas ni restricción de medios. Dar apoyo a medidas como Filmin y mejorar técnicamente Filmtech. Proponer plataformas similares para la música.
- El material con copyright esté dispuesto al libre albedrío, mediante las reglas del libre mercado y la competencia. Qué no exista una regulación ni cartel para fijar el precio en las entradas al cine, ni del material fonográfico como DVD, Blu-Ray, CD-Audio, etc. Evitar que se creen oligopolios en la distribución separando la producción de la distribución y la exhibición.
- Obligar a las distintas difusoras de medios a dejar de marcar el material, o bien sea mediante el logotipo o “mosca”, con locuciones o transiciones. Obligar a que los cortes publicitarios sean estándares y minimice el intrusismo en el desarrollo de la película, como por ejemplo, un corte de 20 minutos a falta de 1 minuto de película.
- Facilitar en la medida de lo posible el libre mercado de medios de difusión bajo demanda. Evitar que sociedades privadas o agrupaciones de profesionales coaccionen, mediante grupos de presión o acuerdos a empresas extranjeras como Netflix, Spotify, Voldder, Amazon o parecidos.
- Penar por la misma vía judicial a aquellos que agreden al copyright de otros en sus propias obras, como Lucía Etxeberría, Ana Rosa Quintana o los medios que hacen copias literales de otros medios sin citar ni autores, ni fuentes.
- Todos los documentos de las administraciones públicas deberán ser publicados bajo licencias libres, como ocurre en Estados Unidos de América (Casa Blanca, Librería del Congreso, etc.). Los documentos académicos realizados en las universidades del estado deberán también ser sometidas al mismo régimen.
- La biblioteca nacional deberá de ofrecer también todas las obras que estén bajo dominio público de forma accesible o en el caso de no poder sufragar el coste, que lo hagan empresas privadas bajo condiciones estrictas de no cambiar la licencia de la misma.
- Las obras fonográficas del país, de radios y televisiones públicas, así como archivos privados que estén bajo dominio público deberán ser accesibles por el gran público de forma gratuita, ofreciendo posibilidades para su sustento como realiza el INA francés.
